El trabajo infantil en los cañaverales de Santa Cruz disminuyó en 78,6% en siete años, de 7.000 a 1.500 niños que laboraban en la zafra. Entre los factores que propiciaron este avance están las nuevas tecnologías y el compromiso de los industriales de erradicar esta forma de empleo.
En Bolivia se estima que hay unos 800.000 niños y adolescentes que, a consecuencia de la extrema pobreza, se ven obligados a incorporarse en una actividad que genere réditos, dejando de lado o descuidando los estudios. En Santa Cruz la erradicación del trabajo infantil en la zafra avanza con planes que les permiten el acceso a los servicios de salud y educación.
“Trabajo infantil es toda actividad desarrollada por niños y niñas menores de 14 años, con las características establecidas en el ámbito de aplicación, que los priva de su niñez, atenta contra su salud y dignidad; obstaculiza su desarrollo físico, mental, espiritual, social; es moralmente nociva e interfiere en su formación escolar, lo que deberá ser erradicada progresivamente”, manda la Ley Departamental Nº 46, del 26 de julio de 2012, promulgada por el gobernador Rubén Costas.
Hoy, 27 municipios de los 56 que tiene el departamento de Santa Cruz se sumaron a 57 empresas e instituciones que impulsan políticas que buscan la erradicación del empleo infantil, forzoso y discriminatorio. Lidia Mayser, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y responsable de Trabajo Infantil y Emergencia de la Gobernación de Santa Cruz, destacó el contar con una ley regional contra este problema y además recomendó avanzar en la reglamentación para su inmediata aplicación.
Recordó que hasta 2010 se calculaba que unos 7.000 niños trabajaban en la zafra de caña de azúcar, y un estudio realizado hace dos años por la Organización Técnica Agropecuaria Internacional (OTAI) reveló que la cifra disminuyó drásticamente. “Los últimos datos dan cuenta de que alrededor de 1.500 niños y adolescentes permanecerían en medio de los cañaverales junto a sus progenitores; ahora la tarea es seguir trabajando para una erradicación total”, subrayó Mayser.
En el pasado, el 90% de estos niños y adolescentes dejaba, además, de asistir a la escuela, ahora es el 10%. “Los estamos apoyando con mochilas, útiles escolares y con la provisión de un profesor en los campamentos de los cañaverales”, detalló.
La promotora de los derechos de la infancia destacó que con la promulgación de la ley departamental se trazaron 12 metas para eliminar, principalmente, el empleo de la mano de obra infantil, las peores formas de trabajo, y la pobreza extrema infantil; así como reducir la mortalidad infantil, frenar la desnutrición crónica en menores de seis años y reducir las tasas de embarazo en adolescentes.
Los departamentos identificados como los de mayor índice de trabajo infantil en todo el territorio nacional son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que Chuquisaca y Potosí presentan cifras más reducidas.
Los rubros agrícolas que concentran la mano de obra de los niños corresponden a la caña de azúcar, algodón y soya (el 64% realiza alguna actividad remunerada).
Los otros rubros son albañilería y comercio, especialmente en las zonas urbanas.
Para propiciar avances, el presidente ejecutivo de la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), Luis Fernando Barbery, subrayó que su compañía suscribió el protocolo que permite la adecuación exigida por el Triple Sello. Éste demanda que toda empresa del sector cumpla con tres objetivos: esté libre de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de toda forma de discriminación.
El Triple Sello es una certificación de Responsabilidad Social Empresarial única en el mundo, impulsada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Es de aplicación voluntaria para firmas comprometidas con esta tendencia empresarial, no como filantropía, mecenazgo o padrinazgo, sino como una forma de hacer bien las cosas, respetando y promoviendo los derechos humanos, laborales y derechos de los niños, niñas y adolescentes, conjugado así el interés social al interés de su giro productivo y comercial, se detalla en el sitio en internet http://triplesello.webnode.es/.
“El camino no será fácil, debemos cumplir una serie de procedimientos y estar siempre preparados para la auditoria y revisión de las instituciones encargadas de hacer cumplir este compromiso”, enfatizó Barbery, quien se mostró confiado en lograrlo.
Hace dos semanas, en la inauguración de la zafra 2013 de Unagro, el representante de Unicef en Bolivia, Marcoluigi Corsi, destacó la voluntad de la industria del sector por avanzar en la obtención del Triple Sello para erradicar el trabajo infantil. Mayser, adelantó que en julio habrá una inspección ocular a los cañaverales.
Se planea un censo sobre niños con algún oficio
El Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) encamina un empadronamiento departamental del número de niños con alguna ocupación laboral. El objetivo es visibilizar el trabajo infantil en Santa Cruz, erradicar este problema mediante la generación de políticas públicas y mejorar las condiciones de vida de esta población
La consultora de Unicef, Lidia Mayser, afirmó que hasta el momento no existe un dato exacto de cuántos niños y adolescentes trabajan en el país. Será relevante el resultado del trabajo del ICE en la capital oriental, dijo.
Mayser señaló que la primera meta de la erradicación está en la actividad zafrera y la segunda corresponderá a eliminar de forma progresiva el empleo infantil callejero (en plazas, rotondas y vías de Santa Cruz de la Sierra).
Subrayó que desde la Gobernación cruceña se lanzó un plan piloto que busca cuantificar el número de menores que trabajan en mercados como El Abasto, La Ramada, Mutualista y Los Pozos.
Santa Cruz tiene ley para erradicar
Promulgada
La Ley Departamental Nº 46 del 26 de julio de 2012 es la primera norma regional para erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador y trabajadora.
Objetivo
Establece las directrices básicas para además de erradicar progresivamente el trabajo infantil, proteger a los y las adolescentes, eliminar las peores formas de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, además de promover su desarrollo integral en el departamento
